Pero a medida que las leyes han ido entrando en vigor, algunos de esos mismos funcionarios dicen ahora que están viendo que se deja salir a demasiadas personas peligrosas, lo que ha provocado una batalla sobre si los cambios deben reducirse.
«Las ciudades y los estados están tratando de encontrar un equilibrio entre la necesidad de un sistema de fianza consistentemente justo y firme, y uno que simplemente se incline por que todos permanezcan tras las rejas», dijo Bill Raftery, analista principal del Centro Nacional de Tribunales Estatales. «Dónde se encuentra ese equilibrio es complicado».
Desde 2012, al menos 19 estados se han movido para reducir el uso de condiciones financieras para la liberación de un acusado en un esfuerzo por evitar que aquellos que representan poco riesgo para la seguridad pública sean encarcelados antes del juicio, según Amber Widgery, que analiza la política de justicia penal para la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. En otros tres estados, los poderes judiciales han ordenado cambios similares, dijo Widgery.
En Nueva York, una ley de revisión de la fianza que entró en vigor en enero ha hecho que la población carcelaria del estado se reduzca a unos 15.000 presos desde aproximadamente 21.000, según una recopilación de datos de los condados realizada por el Instituto Vera de Justicia, una organización nacional de justicia penal que ha apoyado este tipo de medidas.
Una encuesta del Instituto de Investigación del Siena College reveló que el 55% de los 735 votantes neoyorquinos encuestados en abril apoyaban la medida de los legisladores estatales de eliminar la fianza en efectivo para la mayoría de los delitos menores y no violentos. El 38% de los encuestados dijo que la ley, promulgada como parte del presupuesto estatal aprobado el 1 de abril, sería mala para Nueva York.
El comisionado de policía de la ciudad de Nueva York culpó recientemente a la nueva ley de un aumento de la delincuencia en enero de 2020 en comparación con el año anterior.
La semana pasada, un juez del norte del estado de Nueva York desafió las nuevas normas cuando fijó una fianza de 100 dólares para un hombre acusado de un delito menor, estableciendo una lucha judicial mayor sobre la constitucionalidad de la ley.
En Nuevo Hampshire, los funcionarios, incluido el gobernador republicano Chris Sununu, que firmó una legislación en 2018 que permite que la mayoría de los acusados de bajo riesgo sean liberados sin fianza en efectivo, ahora dicen que necesita ajustes.
«Si bien nadie debe ser encarcelado solo porque es indigente o sufre de adicción, tampoco se debe liberar a alguien a la comunidad cuando hay un riesgo razonable para la seguridad pública», dijo Michael Conlon, un demócrata que se desempeña como fiscal del condado de Hillsborough en New Hampshire.
Una comisión estatal está examinando qué cambios pueden ser necesarios y se espera que los legisladores aborden el tema este año.
El año pasado, los funcionarios del condado de Harris, Texas, que incluye a Houston, acordaron revisar sus prácticas de fianza después de resolver una demanda federal de 2016 presentada por varios demandantes detenidos por delitos menores.
Los fiscales del condado de Harris dijeron que los cambios eran bien intencionados, pero ha habido demasiados casos en los que los delincuentes fueron dejados en libertad y continuaron cometiendo delitos, a veces violentos.
Melanie Infinger y su nieta, Alexis, en Kingwood, Texas. En agosto de 2019, la madre de Alexis, Caitlynne Infinger, fue presuntamente apuñalada por su marido, que había sido puesto en libertad bajo fianza personal.
Foto: Callaghan O’Hare para The Wall Street Journal
En un caso de 2019 que provocó la indignación de las fuerzas del orden locales, una mujer embarazada de 20 años, Caitlynne Infinger, fue presuntamente apuñalada hasta la muerte por su marido menos de dos días después de que este saliera de la cárcel con una fianza personal tras un arresto por un delito menor de agresión a su esposa, según los fiscales del condado de Harris.
«Durante mucho tiempo, animé a mi hija a presentar cargos contra su marido por abusar de ella y cuando finalmente lo hace, se acabó», dijo Melanie Infinger, la madre de Caitlynne.
Darrell Jordan, juez que preside los tribunales de delitos menores del condado de Harris, declinó hacer comentarios sobre el caso de la Sra. Infinger porque todavía está en curso.
El juez Jordan dijo que, si bien la supervisión cuidadosa de los acusados es clave para hacer que la política funcione, las minorías pobres en el condado de Harris habían sido previamente encarceladas desproporcionadamente antes del juicio porque no podían pagar la fianza. Dijo que los argumentos contra el cambio del sistema suponían erróneamente que cualquiera que pudiera pagar la fianza nunca cometería ningún delito.
«Tratar a las personas de forma diferente porque no tienen dinero es una violación de la protección de la igualdad», dijo.
Fotografías de Caitlynne Infinger y su hija, Alexis.
Foto: Callaghan O’Hare para The Wall Street Journal
A pesar de la creciente oposición, los defensores de rehacer el sistema de fianzas dijeron que sin más cambios, los acusados pobres seguirán languideciendo en la cárcel por incidentes menores porque no pueden pagar la fianza, mientras que los delincuentes más ricos quedan libres.
Misty White, una residente de Oklahoma de 40 años, dijo que estuvo detenida en la cárcel del condado canadiense durante casi un mes porque no podía pagar la fianza de 3.500 dólares que le impuso un juez después de que fuera arrestada por violar una orden de protección por un delito menor que su marido presentó contra ella.
La Sra. White, que dijo en una entrevista que sufre de problemas de salud mental, fue finalmente liberada después de que su caso fuera desestimado, según muestran los registros judiciales. Dijo que no tenía acceso a toda su medicación mientras estaba en la cárcel y que perdió su trabajo mientras estaba entre rejas.
«Me decía a mí misma …. ‘Ten paciencia’… aunque por dentro estés gritando que esto no está bien», dijo la Sra. White sobre su tiempo en la cárcel.
Insha Rahman, directora de estrategia y nuevas iniciativas en el Instituto Vera, señaló a Nueva Jersey como prueba de que las revisiones de las fianzas pueden funcionar. En ese estado, una medida para reducir la fianza se puso en marcha en 2017 e incluye una fuerte supervisión y servicios para los acusados liberados bajo los cambios, dijo.
Según los datos publicados por la Oficina Administrativa de los Tribunales de Nueva Jersey, más del 80% de los acusados fueron liberados antes de sus juicios después de que los cambios de fianza entraron en vigor allí. Las liberaciones previas al juicio no dieron lugar a un aumento de los delitos, según un análisis de 2019 de los datos de arrestos del estado realizado por MDRC, una organización de investigación sobre educación y política social.
La Sra. Rahman dijo que las protestas iniciales contra las revisiones en Nueva Jersey se han calmado.
«Hubo mucha reacción de las fuerzas del orden en particular», dijo la Sra. Rahman. «Ahora, después de tres años, no se oye ni una palabra».
Misty White, que estuvo detenida en una cárcel de Oklahoma durante casi un mes, dijo que no tuvo acceso a toda su medicación mientras estaba en la cárcel y perdió su trabajo mientras estaba entre rejas.
Foto: Joseph Rushmore para The Wall Street Journal
Escribe a Dan Frosch en [email protected] y a Ben Chapman en [email protected]